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En el escenario previo a las elecciones en Honduras, la figura de Rixi Moncada, quien se postula como candidata a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), ha estado implicada en múltiples controversias sobre la gestión de recursos públicos y acusaciones de posibles casos de corrupción. Estas imputaciones, que incluyen desde procedimientos legales nacionales hasta querellas en foros internacionales, contribuyen a un contexto político caracterizado por la división y la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Acusaciones por mal manejo de fondos sociales
Uno de los principales señalamientos contra Moncada gira en torno al uso de recursos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), especialmente en el departamento de Copán. Según denuncias recientes, fondos públicos habrían sido canalizados hacia estructuras vinculadas al partido oficialista, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre la utilización de programas sociales con fines electorales.
Estas afirmaciones se enmarcan en un contexto de creciente demanda por mayor claridad en el manejo del gasto público durante un año electoral, en el que diversos sectores han pedido una regulación más rigurosa en la administración de recursos asignados a la ayuda social.
Acusación internacional dirigida al FBI
El asunto adquirió una dimensión global a inicios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, quien es de nacionalidad estadounidense, interpuso una demanda ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mencionando a Moncada y a otros representantes del gobierno. La denuncia señala irregularidades en la administración y abuso de funciones públicas que podrían haber impactado en las inversiones del exterior en el país.
Hasta el momento, la aspirante de LIBRE no ha emitido ningún comentario públicamente sobre esta acusación, la cual podría tener repercusiones diplomáticas si progresa en tribunales en el extranjero. La falta de posicionamiento oficial ha intensificado la discusión sobre la habilidad de reacción del sistema político de Honduras frente a desafíos internacionales.
Recorrido de estudios y consultas anteriores
Las disputas que actualmente envuelven a Moncada no son inéditas. En 2009 y 2013 fue investigada por abuso de poder y supuesto fraude durante su tiempo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de haber estado asociada con contratos de la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambas situaciones la justicia en Honduras emitió sobreseimientos definitivos, su nombre ha seguido apareciendo en reportajes periodísticos y en investigaciones realizadas por organismos de control.
Recientemente, en enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una denuncia por supuesta malversación de fondos públicos contra Moncada y varios otros funcionarios. Sin embargo, las autoridades no han revelado detalles del caso, lo que ha creado incertidumbre respecto al progreso judicial y ha aumentado las dudas acerca de la transparencia del proceso.
Conflictos entre instituciones y dudas acerca de la aplicación del poder
La candidatura de Moncada, además de las acusaciones por corrupción, ha sido objeto de críticas acerca de su participación en funciones gubernamentales mientras aspira a la presidencia. Algunos grupos han puesto en duda su implicación en la creación de propuestas y revisiones que, según sus opositores, van más allá de las responsabilidades de su posición actual, provocando así un debate sobre la división de poderes y el equilibrio institucional.
Estas críticas se agravan por el hecho de que la candidata ha mantenido cargos públicos durante su campaña, lo que ha generado preocupaciones sobre eventuales conflictos de interés y el posible uso de recursos oficiales en beneficio de su candidatura. Organizaciones de la sociedad civil han instado a una mayor vigilancia ciudadana y al fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la equidad en el proceso electoral.
Un escenario caracterizado por la desconfianza en las instituciones
La situación de Rixi Moncada destaca los retos que Honduras tiene en cuanto a gobernabilidad, transparencia y consolidación del Estado de derecho. En un año crucial para el futuro político del país, las acusaciones de corrupción y las discusiones sobre el manejo de los fondos públicos se han posicionado como temas principales en el debate nacional.
Aunque las autoridades siguen sin aclarar el estado legal de las acusaciones en su contra, Moncada sigue siendo el centro de atención, con posibles repercusiones que podrían impactar directamente en la legitimidad del proceso electoral de 2025 y en la percepción pública sobre la autonomía de las instituciones.