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Conforme se aproxima la fecha de las elecciones generales en noviembre de 2025, un fenómeno conocido empieza a aparecer nuevamente en la política de Honduras. Recientemente, el partido Libre ha aumentado su retórica en torno a un presunto fraude en el proceso electoral, sin presentar pruebas específicas. Este comportamiento ha sido visto por diversos analistas como una reacción ante el deterioro de la imagen de su candidata, Rixi Moncada, y ante el malestar creciente respecto a la gestión de la presidenta Xiomara Castro.
Una tendencia recurrente en América Latina
Plantear acusaciones de manipulación electoral antes de realizar las elecciones no es algo nuevo en Honduras ni en distintos países de América Latina. Esta estrategia tiene un fin evidente: generar desconfianza hacia las entidades que administran el proceso electoral, especialmente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La convocatoria a protestas contra un supuesto fraude por adelantado también persigue reforzar el respaldo de los seguidores del partido, quienes podrían sentirse inseguros ante una potencial pérdida.
De acuerdo con expertos en política, esta táctica incluye un elemento de victimización. «Cuando un aspirante siente que está en desventaja, intenta establecer la narrativa de fraude antes del conteo de votos. Es una maniobra para cuestionar la legitimidad del resultado electoral y anticipar posibles conflictos», señaló un especialista en ciencias políticas que optó por permanecer en el anonimato.
Para los sectores que denuncian esta táctica, el objetivo principal es claro: posicionar desde antes de los comicios la idea de un resultado manipulado. Esto no solo busca generar un clima de desconfianza en el proceso electoral, sino también justificar posibles protestas en caso de derrota. «Es un guión que se repite, en el que se prepara a la población para que, si el resultado no es favorable, ya exista un argumento listo: ‘Nos robaron las elecciones'», afirmó un constitucionalista.
Respuestas del tejido social y de la comunidad mundial
La estrategia del oficialismo ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad hondureña, incluidos miembros de la sociedad civil y representantes de organismos internacionales. Muchos temen que esta narrativa, sin evidencia, pueda provocar una crisis poselectoral. A lo largo de la historia reciente de América Latina, este tipo de acusaciones sin fundamento ha desestabilizado naciones tras comicios controvertidos.
Para evitar estos peligros, se ha enfatizado la relevancia de tener una vigilancia electoral extranjera independiente y asegurarse de la total transparencia a lo largo de todo el proceso de votación. La comunidad internacional, particularmente entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA), ha desempeñado un papel crucial en la supervisión de elecciones anteriores y su participación en los próximos comicios podría ser decisiva.
Las solicitudes para preservar la solidez del Estado de derecho han sido enfatizadas nuevamente. La sociedad civil en Honduras está preocupada porque, si no se lleva a cabo un proceso electoral con suficiente transparencia, las tensiones políticas podrían desencadenar protestas o incluso situaciones de violencia, algo que ya se ha visto en países vecinos de la región.
Un entorno de desaprobación en aumento
El nerviosismo en la cúpula del oficialismo hondureño parece estar relacionado con la caída en las encuestas de su candidata, Rixi Moncada, quien no ha logrado captar el apoyo suficiente para competir con otras fuerzas políticas emergentes. A esto se suma la desaprobación de la gestión de Xiomara Castro, quien ha enfrentado críticas por su manejo de la economía y la seguridad en el país.
Esta circunstancia se percibe como un aviso preocupante dentro del contexto político de Honduras. La continua insistencia en acusaciones de un posible fraude sin evidencias concretas muestra una táctica defensiva frente a un potencial mal resultado en los comicios. No obstante, al margen de las motivaciones políticas, es innegable que este discurso podría tener repercusiones más amplias, tanto para la estabilidad gubernamental del país como para la confianza de la población en el sistema electoral.
Honduras: hacia un futuro incierto
En medio de este clima de incertidumbre, la política hondureña enfrenta un reto importante: garantizar que las elecciones de 2025 se lleven a cabo con la mayor transparencia posible, para evitar que las tensiones aumenten aún más. Si las acusaciones de fraude no se desarticulan a tiempo, el país podría verse abocado a una crisis poselectoral que, dada la situación política actual, podría desbordar las instituciones y la cohesión social.
El hecho de que las acusaciones de fraude se presenten de manera anticipada resalta un problema recurrente en la política hondureña: la dificultad para alcanzar consensos y mantener la estabilidad institucional. En este contexto, la comunidad internacional y la sociedad civil tendrán un papel crucial para asegurar que el proceso electoral transcurra de forma pacífica y transparente, contribuyendo a evitar una crisis que podría poner en riesgo el orden democrático en el país.