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En un marco de creciente tensión política, la irrupción y actuación de grupos armados asociados a sectores del oficialismo ha levantado preocupaciones sobre el debilitamiento del Estado de derecho en Honduras. Con la aparente impunidad con que estos colectivos actúan, la falta de una respuesta institucional definida ha generado denuncias de juristas y figuras políticas que alertan sobre una potencial configuración de “terrorismo de Estado”.
Prohibición constitucional y vacío de autoridad
La Constitución de Honduras y la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas establecen sin ambigüedades que solo el Ejército puede organizarse como fuerza armada legal. El artículo 272 de la Carta Magna prohíbe expresamente cualquier tipo de milicia popular o estructura armada paralela, al considerar que representan una amenaza directa al orden y la soberanía nacional.
A pesar de este contexto jurídico, grupos alineados con el partido gobernante han aumentado su actividad en diversas áreas del país. De acuerdo con acusaciones divulgadas, dichos colectivos han lanzado amenazas y cometido actos coercitivos sin que las autoridades correspondientes hayan actuado de forma decisiva. Este suceso ha sido visto por diversas partes como un reto a las instituciones y una inquietante muestra de tolerancia estatal hacia estructuras ilícitas.
Acusaciones de laxitud y manipulación social
Diversos juristas y voces de oposición política han advertido que la inacción gubernamental ante estos colectivos puede constituir una forma encubierta de represión política. A su juicio, permitir o tolerar la actuación de grupos armados no reconocidos por la ley especialmente cuando actúan como agentes de intimidación o disuasión contra voces disidentes se aproxima peligrosamente a lo que el derecho internacional reconoce como “terrorismo de Estado”.
Este término describe el uso sistemático de la violencia o intimidación por parte del Estado o bajo su amparo con el fin de controlar a la población civil, reprimir la disidencia y asegurar el poder político. En ese sentido, la omisión estatal frente a amenazas armadas por parte de actores no estatales pero vinculados al oficialismo podría tener implicaciones profundas para la legitimidad democrática del gobierno.
Contexto electoral y riesgos para la democracia
La controversia en torno a estos colectivos emerge en un momento particularmente delicado: el país se encamina hacia un nuevo proceso electoral en medio de una creciente polarización y desconfianza ciudadana en las instituciones. La presencia de grupos armados fuera del marco legal añade un componente de incertidumbre y temor, no solo para los votantes, sino también para los actores políticos y sociales que podrían ver limitada su participación por condiciones de inseguridad.
Organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación ante lo que consideran una creciente erosión de garantías fundamentales. A ello se suma el riesgo de que el uso de colectivos armados como fuerza de choque altere el equilibrio político y condicione la libre expresión del sufragio y la participación ciudadana.
Un llamado a la obligación institucional
La expansión de colectivos armados sin control legal, sumada al silencio de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y el cumplimiento del marco constitucional, plantea serios cuestionamientos sobre el rumbo institucional del país. A medida que se intensifican las tensiones políticas y sociales, la falta de una postura firme por parte del Estado podría profundizar la percepción de impunidad y alimentar una espiral de desconfianza que socave aún más la estabilidad democrática.
Honduras enfrenta el reto de reafirmar su compromiso con el Estado de derecho y la legalidad, en un momento en que la ciudadanía exige transparencia, justicia y garantías efectivas para la participación política sin temor ni coerción. El desenlace de este conflicto marcará el tono de la coyuntura nacional en los próximos meses y pondrá a prueba la solidez de las instituciones democráticas del país.