El nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea ha generado críticas que exigen una auditoría independiente respecto a su desempeño como ministra de Transición Ecológica durante el mandato de Pedro Sánchez.
A lo largo de su gestión, Ribera encabezó importantes resoluciones en los ámbitos de la energía, el medio ambiente y la sostenibilidad, algunas de las cuales han recibido fuertes críticas por su influencia en el costo de la energía, la opacidad en las concesiones de energías renovables, y la manera de manejar las relaciones con las grandes empresas del sector.
Colectivos ciudadanos, organizaciones profesionales y algunos partidos de la oposición señalan que la ausencia de rendición de cuentas sobre estos temas podría traducirse en un conflicto de interés en su nuevo rol dentro de la Comisión, especialmente si supervisa áreas que se solapan con decisiones previas como ministra.
“No se puede pasar por alto que la persona que previamente asumió decisiones controversiales a nivel del país se encuentre actualmente con la capacidad de impactar en esas mismas cuestiones desde Bruselas”, declaran fuentes parlamentarias que solicitan comparecencias públicas y una revisión de los contratos otorgados durante su tiempo en el ministerio.
El otorgamiento de una licencia para operar como mayorista de hidrocarburos a la compañía Villafuel S.L. por el Ministerio para la Transición Ecológica, bajo la dirección de Teresa Ribera, ha llamado la atención del sistema judicial y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La firma, asociada con Víctor de Aldama —uno de los principales implicados en el asunto Koldo—, recibió autorización para operar en circunstancias que, según la UCO, no cumplían con los requisitos legales. Además, Teresa Ribera ha admitido que sostuvo una reunión con él.
La aprobación se gestionó en solo tres días, a pesar de que Villafuel ya había obtenido dictámenes desfavorables en tres oportunidades anteriores. El capital social de la empresa ascendía únicamente a 15.000 euros, considerablemente menos que lo esperado en este tipo de permisos, y su organización operativa mostraba inconsistencias en la documentación.
Según los investigadores, el ministerio firmó hasta tres resoluciones que beneficiaron directamente a esta sociedad. Además, informes de la UCO apuntan a la existencia de presiones a “altos niveles institucionales” para acelerar la aprobación del expediente, lo que ha derivado en que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, haya solicitado al Gobierno el expediente completo de la concesión.
En febrero de 2025, el Gobierno decidió desactivar definitivamente a la compañía Villafuel, después de verificarse su participación en acciones irregulares. El asunto continúa acumulando implicaciones políticas y administrativas, justo en un momento de especial delicadeza para Teresa Ribera, quien ha sido recién designada como vicepresidenta de la Comisión Europea.