La Casa Blanca está tomando medidas rápidamente para rescatar su plan comercial, que ha sido gravemente afectado después del fallo del miércoles que invalidó la mayoría de los aranceles implementados por Donald Trump. La Administración ha señalado que, si las instancias judiciales inferiores no aplazan la implementación de la sentencia, solicitará este mismo viernes al Tribunal Supremo que preserve las tarifas actuales sobre las importaciones, argumentando que su eliminación causaría “daños irreparables” a la economía y a la seguridad nacional.
El veredicto constituye el contratiempo judicial más significativo para Trump desde el inicio de su segundo mandato. Los abogados han solicitado medidas cautelares en el Tribunal de Comercio Internacional y ante un tribunal federal de Apelaciones en Washington. En el documento de 124 páginas entregado este jueves, el gobierno advierte que, de aplicarse la sentencia, “los acuerdos exitosos con varios países podrían desintegrarse de inmediato”, aunque en realidad Trump no ha concretado ningún acuerdo comercial vinculante durante su presidencia.
Planteamientos reiterados, sin nueva justificación
El Gobierno insiste en los mismos argumentos esgrimidos durante el proceso: que los tribunales no tienen potestad para cuestionar la decisión presidencial de invocar leyes de emergencia para imponer aranceles, y que existe jurisprudencia —como la de Richard Nixon— que valida este tipo de medidas. Sin embargo, la sentencia judicial analiza precisamente ese precedente y lo usa para desmontar la legalidad de la actuación de Trump.
La solicitud al Supremo subraya que, sin una suspensión inmediata, “incluso si los aranceles se confirman más adelante, el daño causado ya no podrá revertirse”. El Gobierno advierte que podría perder ingresos fiscales, ver comprometidas negociaciones internacionales y quedar expuesto a represalias comerciales.
La sentencia: un golpe a la estrategia y la legalidad de Trump
El miércoles, el Tribunal Internacional de Comercio decidió por unanimidad que los aranceles extensivos impuestos por Trump son ilegales, al determinar que el presidente se extralimitó en sus poderes constitucionales y transgredió la legislación al utilizar incorrectamente una ley de emergencia.
El fallo revoca, entre otras cosas, los aranceles del 25% que se aplicaron a Canadá y México, y del 20% a China, así como los controvertidos “aranceles recíprocos” impuestos mundialmente bajo el pretexto de luchar contra el fentanilo y regular la inmigración. Estas disposiciones, anunciadas en el denominado “Día de la Liberación”, fueron posteriormente disminuidas al 10% debido a la presión de los mercados.
Tensión política y judicial
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha criticado duramente el fallo, calificándolo de “extralimitación judicial” y acusando a “jueces no elegidos” de entrometerse en decisiones del Ejecutivo. “Estados Unidos no puede funcionar si un presidente ve cómo sus negociaciones se ven bloqueadas por jueces activistas”, declaró.
Stephen Miller, subjefe de gabinete, fue más allá: “Vivimos bajo una tiranía judicial”, tuiteó el jueves por la noche.
Kevin Hassett, quien lidera el Consejo Económico Nacional, afirmó en Fox Business que cree en la posibilidad de que el fallo sea anulado en la apelación. Sin embargo, la Casa Blanca reconoce que está trabajando en un recurso sobre el tema central que aún no ha sido entregado.
División ideológica en el Supremo
El Tribunal Supremo, donde Trump tiene a tres magistrados de los seis que conforman la mayoría conservadora, podría convertirse en el árbitro final. Sin embargo, ese equilibrio ideológico no garantiza una decisión favorable. La sentencia anulada fue firmada de forma unánime por jueces designados por Trump, Reagan y Obama, lo que le otorga un peso institucional difícil de desestimar.
El gabinete sale en defensa de los aranceles
La seriedad del asunto impulsó a cuatro integrantes del Gabinete a realizar declaraciones oficiales en la corte. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que cancelar los aranceles «debilitaría» pactos actuales. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, destacó el peligro de quebrar conversaciones en marcha. El representante comercial, Jamieson Greer, se muestra preocupado por un posible desajuste en las condiciones de competitividad. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, cree que el veredicto amenaza la política internacional y la seguridad del país.