La situación de Koriun Inversiones ha provocado un fuerte debate en Honduras, tras descubrirse un esquema Ponzi que perjudicó a más de 35.000 personas. La denuncia pública realizada por el diputado Edgardo «Chele» Castro ha centrado la atención en la posible protección política y judicial que facilitó el funcionamiento anómalo de la compañía.
La intervención de las autoridades, el aseguramiento de fondos y la reacción de los inversionistas han evidenciado una crisis de confianza en el sistema financiero nacional. El proceso de investigación continúa, mientras surgen cuestionamientos sobre la responsabilidad de funcionarios públicos y la efectividad de los mecanismos de supervisión.
Fraude tipo Ponzi y actividades anómalas de Koriun Inversiones
Koriun Inversiones funcionaba con un esquema de Ponzi, que implica obtener dinero de nuevos inversionistas para retribuir ganancias a los anteriores, sin producir beneficios legítimos. La compañía ofrecía una ganancia semanal del 5 %, lo que se traduce en un 20 % al mes, garantizando a los clientes la recuperación de su capital en cinco meses. No obstante, la viabilidad del sistema se basaba en la entrada continua de nuevos inversionistas, lo que finalmente ocasionó su colapso y significantes pérdidas económicas para miles de personas.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) verificó que Koriun Inversiones no tenía permiso para funcionar como institución financiera. En las revisiones efectuadas en varias sucursales y residencias de directivos, se encontraron elevadas cantidades de dinero en efectivo, guardadas de manera informal en cajas y bolsas. Asimismo, se detectaron operaciones financieras importantes, como el retiro de 400 mil dólares realizado por ciudadanos estadounidenses vinculados con el inicio del fraude en 2017.
Denuncias de protección política y crisis de confianza
El diputado Edgardo Castro señaló que la operación de Koriun Inversiones fue posible gracias a la protección de figuras políticas, fiscales y funcionarios públicos. Castro cuestionó la falta de acción oportuna por parte de las autoridades de supervisión y exigió una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad de quienes facilitaron o permitieron el fraude. También se mencionó la participación de alcaldes que recomendaron la empresa y la omisión de fiscales ante alertas tempranas.
El cierre de Koriun Inversiones generó manifestaciones de los perjudicados, quienes demandaron la restitución de sus dineros y expresaron miedo a una posible pérdida de su patrimonio. La CNBS dispuso el aseguramiento de los activos y su reembolso a los inversionistas hasta donde sea posible, aunque se prevé que el proceso será complejo y extenso. El caso ha evidenciado la fragilidad de los ciudadanos frente a esquemas financieros sin regulación y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y protección en el ámbito financiero de Honduras.