A cinco meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), se enfrenta a una situación delicada caracterizada por rupturas internas, señalamientos de corrupción y una caída significativa en las preferencias de los votantes. En un panorama electoral cada vez más impredecible, el deterioro constante del partido gobernante pone en riesgo su continuidad en el gobierno.
Fracturas internas y pérdida de cohesión
La designación de Rixi Moncada como la aspirante oficialista hizo evidentes las tensiones latentes en LIBRE. La renuncia subsecuente del legislador Jorge Cálix, un personaje con experiencia dentro de la organización, puso de manifiesto los serios desacuerdos relacionados con la dirección política y el modo de liderazgo del partido. Cálix, junto con otros líderes que también se alejaron de la agrupación, acusó prácticas autoritarias y un ambiente de exclusión.
Como respuesta, la dirigencia del partido convocó movilizaciones en respaldo tanto de la presidenta Xiomara Castro como de la propia Moncada. No obstante, estos actos no lograron revertir la percepción de una organización debilitada, sino que han sido interpretados por diversos sectores como intentos por retener el control político en medio de un entorno adverso.
Casos de corrupción y dudas sobre la transparencia
La situación empeoró cuando salieron a la luz supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde funcionarios simpatizantes del oficialismo fueron acusados de desviar recursos destinados a programas sociales. El caso más destacado fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión se comunicó junto con la revocación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia en bloque del partido al fuero parlamentario.
Aunque estas determinaciones parecieran ser contundentes, grupos de oposición, especialmente el Partido Nacional, las evaluaron como maniobras simbólicas para desviar la atención. Según sus representantes, las acciones del oficialismo no han supuesto sanciones reales ni investigaciones efectivas que aseguren rendición de cuentas.
Inquietud en el sector privado y solicitudes para detener la degradación institucional
Las críticas no se han limitado solo al campo político. Desde el entorno empresarial, figuras destacadas han expresado su inquietud por la dirección del país. En una reciente declaración pública, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), acusó al gobierno de traicionar el mandato popular mediante acciones que, según él, comprenden nepotismo, manejo arbitrario de fondos públicos y falta de claridad en casos destacados como SEDESOL, el fraude Koriun y denuncias sobre presuntos lazos con redes delictivas.
Facussé alertó sobre la fragilidad de las instituciones y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él percibió como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario e insostenible económicamente.
Caída en los sondeos y cambio en el panorama electoral
Las encuestas de opinión más recientes indican una rápida disminución de LIBRE en la intención de voto. Según los datos recolectados entre mayo y junio, el respaldo al partido gobernante ha fluctuado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras significativamente inferiores al 42 % observado en marzo. Esta tendencia a la baja, junto con la variabilidad entre las encuestas, sugiere un electorado fragmentado que busca nuevas opciones.
Simultáneamente, contendientes de la oposición como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han incrementado su influencia, logrando tasas de respaldo que oscilan entre el 25 % y el 36 %. Las opiniones de los ciudadanos también reflejan el desgaste gubernamental: la presidenta Xiomara Castro obtiene una puntuación media de solo 4.1 sobre 10, en un escenario caracterizado por escándalos sin resolver y una percepción creciente de ineficiencia.
Una perspectiva incierta para el partido en el poder
El contexto presente sitúa a LIBRE ante un reto de considerable envergadura. La mezcla de problemas internos, debilitamiento institucional, falta de confianza y desaprobación pública ha minado su posición de cara a las elecciones generales. Si esta tendencia persiste, el gobierno no solo arriesga perder el control del Ejecutivo, sino también poner en peligro la propuesta política que lo condujo al poder en 2021.
En este contexto, el resultado estará determinado por la habilidad del partido para reorganizarse internamente, abordar las demandas sociales y proporcionar soluciones concretas ante las acusaciones de corrupción. Si no lo logra, las elecciones del 30 de noviembre podrían representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.