En el inicio del ciclo electoral rumbo a los comicios generales de 2025, el partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha adoptado una línea de acción que ha generado cuestionamientos en distintos sectores políticos y sociales de Honduras. Las acusaciones de fraude anticipado y la difusión de encuestas sin respaldo metodológico han sido señaladas como componentes clave de una estrategia orientada a consolidar su base partidaria y condicionar el escenario electoral.
Denuncias sin pruebas y presión sobre el ente electoral
Desde distintos sectores políticos, entre ellos la candidata presidencial Rixi Moncada, LIBRE ha afirmado que existe un supuesto esquema de fraude electoral orquestado por la entidad responsable de las elecciones. Sin embargo, esas acusaciones no han sido respaldadas por evidencia comprobable ni han sido formalmente presentadas ante las autoridades correspondientes.
Varios expertos entienden esta historia como un medio para consolidar la unidad dentro del partido en un entorno de creciente rivalidad política. A la vez, señalan que estos señalamientos podrían establecer un fundamento para cuestionar la validez de los resultados electorales en caso de perderse, fomentando la desconfianza en las instituciones electorales y limitando las opciones de las entidades responsables de asegurar la honestidad del proceso.
Sectores opositores han señalado que este tipo de pronunciamientos afectan directamente la credibilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), al tiempo que elevan el nivel de tensión política. En respuesta, voces expertas han insistido en la necesidad de que cualquier señalamiento sobre irregularidades se canalice por las vías legales correspondientes y se sustente con pruebas verificables.
Sondeos alterados y sensación de superioridad
Un elemento clave en la táctica de LIBRE ha sido la propagación de sondeos que favorecen a su candidata, varias de las cuales han sido adjudicadas a empresas ficticias o refutadas por las mismas agencias encuestadoras. Ejemplos como el de TResearch International, que públicamente desmintió haber realizado encuestas difundidas en redes, han expuesto la diseminación de datos alterados con objetivos políticos.
Según observadores del proceso electoral, la diseminación de encuestas sin rigor técnico busca instalar en la opinión pública la idea de un triunfo inevitable de LIBRE, lo cual podría influir en el comportamiento de los votantes, generar expectativas poco realistas y debilitar la credibilidad de estudios legítimos. Además, esta práctica expone la fragilidad del ecosistema informativo en el país, donde la desinformación digital se ha convertido en una herramienta de disputa política.
Entidades que supervisan los procesos electorales advirtieron sobre el efecto que estas tácticas pueden tener en la claridad y validez del sistema democrático. En este contexto, se ha hecho hincapié en la relevancia de mejorar los métodos de validación de encuestas y en la obligación de los protagonistas políticos al compartir información que afecta directamente la opinión pública.
Un entorno electoral marcado por la desconfianza
Las medidas tomadas por LIBRE antes de las elecciones generales de 2025 muestran un escenario electoral en el cual la confianza en las instituciones y en las normas del proceso democrático está bajo presión. La previsión de acusaciones infundadas y la utilización de tácticas de desinformación disfrazadas como sondeos crean un ambiente donde la polarización podría intensificarse con el transcurso del calendario electoral.
En esta situación, el reto para las autoridades electorales, la sociedad civil y los partidos mismos será asegurar un proceso transparente, con normas definidas y condiciones justas para todas las agrupaciones políticas. La urgencia de un diálogo extenso y de mecanismos de observación sólidos se convierte en esencial para mantener la estabilidad democrática en un país donde las elecciones han sido, históricamente, un punto crucial en la vida institucional.