Un masivo caso de corrupción ha sacudido el sistema penitenciario chileno luego de que se revelara que al menos 42 gendarmes del penal Santiago 1 están siendo investigados por facilitar el ingreso de personas indocumentadas, drogas, alcohol y otros productos ilegales a cambio de sobornos. La Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) han desplegado un operativo de gran magnitud que apunta a desarticular esta red de corrupción que incluye además a 35 civiles externos.
El modo de operar de los funcionarios penitenciarios implicados abarcaba acciones como aparentar controles de acceso mediante simples gestos teatrales y exigir pagos para permitir la entrada de personas sin documentación, quienes luego se reunían con figuras de alto perfil pertenecientes a organizaciones criminales, entre ellas el Tren de Aragua. De acuerdo con los antecedentes reunidos, cada acceso tenía un costo de $60.000 chilenos, lo que generaba un serio riesgo para la seguridad pública, pues estos encuentros facilitaban que las bandas mantuvieran la coordinación de delitos como narcotráfico, secuestros y extorsiones.
Una red de corrupción organizada dentro y fuera de los penales
La infiltración del crimen organizado en Gendarmería abarcaba múltiples maniobras, entre ellas la entrada de estupefacientes, teléfonos móviles, productos alimenticios de alta gama, conexión WiFi e incluso servicios personalizados para los internos, mientras que los pagos se efectuaban en efectivo o mediante transferencias bancarias, a menudo a través de cuentas ajenas destinadas a disimular el origen ilícito de los fondos.
Según las autoridades, no existe una estructura jerárquica única, sino varias redes autónomas que operan dentro de Santiago 1. Estas agrupaciones también mantienen vínculos con civiles que actúan como intermediarios, conocidos como «manilleros», quienes desde fuera de los recintos coordinan los sobornos necesarios para asegurar la entrada de bienes y personas.
Los cobros por estos servicios oscilaban desde $15.000 por permitir encuentros sexuales hasta $400.000 por autorizar el ingreso de un celular, y los testimonios reunidos durante las pesquisas indican además que los internos reconocen una zona del penal, conocida como «la feria», donde se llevan a cabo transacciones de artículos prohibidos con aparente normalidad.
Operación nacional y dimensión estructural
El operativo liderado por la Fiscalía incluyó la emisión de órdenes de allanamiento para 77 domicilios distribuidos en siete regiones del país, abarcando cárceles como Santiago 1, Punta Peuco, Colina 1 y el Complejo Penitenciario Biobío. Se movilizaron 690 funcionarios de la PDI y Gendarmería, consolidando uno de los mayores esfuerzos policiales recientes para combatir la corrupción en el sistema penitenciario.
Entre los hallazgos más graves se destaca la práctica conocida como «rescate», en la que funcionarios incautaban productos ilegales como celulares para luego revenderlos dentro del penal por precios exorbitantes. Otro método, denominado «delivery», consistía en el ingreso por encargo de productos solicitados por los internos.
Implicaciones y el control del crimen organizado
Este es considerado el caso más grave de penetración del crimen organizado en una institución pública en Chile. Gendarmería, cuya misión es garantizar la seguridad en los penales, enfrenta acusaciones que ponen en entredicho la capacidad del Estado para prevenir la expansión delictiva dentro de las cárceles. Grupos como el Tren de Aragua, que ya tienen vasta experiencia en controlar prisiones en otros países, buscan replicar este modelo en Chile, utilizando los penales para facilitar la coordinación de sus operaciones.
Medidas y respuestas necesarias
La investigación ha encendido las alarmas sobre condiciones estructurales que permiten que estas prácticas prosperen. Entre ellas, se destacan la alta rotación en las jefaturas penitenciarias, la falta de supervisión adecuada, y las influencias indebidas entre los funcionarios. Estas fragilidades invitan a la constante intervención del crimen organizado, que ofrece incentivos económicos y ejerce presión mediante amenazas directas a los funcionarios, como ocurrió en el caso de un comandante cuya residencia fue atacada por sicarios.
El avance de esta investigación representa una oportunidad fundamental para implementar reformas estructurales que combatan la corrupción en Gendarmería. Si no se toman medidas drásticas que incluyan mayor transparencia y supervisión externa, el control de los penales podría quedar completamente en manos de las mafias criminales.
Procedencia: CIPER Chile | [https://www.ciperchile.cl/2025/12/16/crimen-organizado-42-gendarmes-de-santiago-1-son-indagados-por-cobrar-por-el-ingreso-de-visitas-indocumentadas-alcohol-y-drogas/]