El Poder Judicial de Perú resolvió extender por 12 meses adicionales la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, al sostener que persiste un elevado riesgo de fuga y que la causa abierta presenta una notable complejidad. Con esta disposición, su encarcelamiento se prolonga hasta el 9 de marzo de 2027, dentro del proceso que investiga una presunta organización criminal, así como posibles actos de tráfico de influencias y colusión que se habrían desarrollado durante su administración.
Según la resolución emitida, el juez Edhin Campos Barranzuela destacó la ausencia de arraigos familiares, laborales y domiciliarios sólidos por parte de Castillo. La fiscalía señaló que su familia más cercana, incluida su esposa y sus hijos, residen actualmente en México bajo asilo diplomático. Además, el respaldo político expresado por autoridades extranjeras, como los mandatarios de México y otros países, acrecienta el riesgo de que Castillo busque evadir la justicia.
El tribunal también justificó esta prórroga de prisión preventiva debido a la complejidad del caso. Se trata de un extenso proceso que involucra a más de 90 personas investigadas y diversas líneas de investigación pendientes. Entre esas diligencias se incluyen pericias contables y técnicas relacionadas con irregularidades en contratos públicos, como la licitación del puente Tarata y compras a través de PetroPerú. Estas investigaciones apuntan a la presunta malversación de fondos y perjuicio económico al Estado.
A estos elementos se añade la sentencia que ya pesa sobre Castillo por conspiración para la rebelión, derivada del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Hoy cumple una condena de 11 años en el penal de Barbadillo, impuesta por intentar disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia. Aunque su defensa ha apelado este veredicto, también se ha señalado como un factor que incrementa el riesgo de una eventual fuga.
Adicionalmente, el Poder Judicial amplió por un periodo de 20 meses el tiempo destinado a las investigaciones preparatorias relacionadas con el caso de corrupción, con la finalidad de profundizar en cada línea de investigación y revisar todas las evidencias, incluso aquellas que alcanzan a exministros y a personas del entorno más cercano de Castillo.
Por su parte, la defensa del exmandatario calificó la decisión de la fiscalía como desproporcionada y carente de una finalidad procesal. Argumentaron que no hay pruebas suficientes para afirmar que Castillo podría sustraerse de la justicia y cuestionaron que se utilicen gestos de líderes extranjeros como evidencia de una conducta evasiva. También señalaron que otras fiscalías están a cargo de las causas relacionadas y que no se justifica la acumulación de argumentos contra él en este expediente.
Finalmente, el magistrado recalcó que aún persiste un entorno internacional propicio para una posible evasión. México, mediante asilo diplomático, ha acogido y ofrecido protección tanto a familiares directos de Castillo como a exfuncionarios de confianza de su gestión. Estas condiciones fortalecen la apreciación de un riesgo real de fuga señalada por las autoridades peruanas.
Fuente: El Comercio | Pedro Castillo y Geiner Alvarado: Qué fundamentos presenta el PJ para extender por doce meses la prisión preventiva en un caso de presunta corrupción