A menos de una semana de las elecciones generales de 2025, diversas organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la conducción del proceso enfrenta desafíos que podrían afectar su credibilidad. Señalaron que la polarización persistente, las diferencias sobre la normativa electoral y las controversias en torno a la selección de autoridades comiciales han incrementado la atención pública sobre la solidez institucional del país.
Disposiciones fundamentales y conflictos entre las ramas gubernamentales
Los pronunciamientos enfatizaron que el respeto a los mandatos constitucionales será determinante para mantener la confianza ciudadana. La responsabilidad recae, indicaron, sobre el Congreso Nacional, la Fiscalía General, las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo, incluidos los actores vinculados al partido LIBRE, en su capacidad de actuar dentro de los límites establecidos por la ley.
Las organizaciones insistieron en que la participación militar debe restringirse a su función logística, definida en la Constitución, sin asumir roles interpretados como partidistas. También señalaron que el Congreso y el Ejecutivo requieren evitar declaraciones anticipadas sobre los resultados electorales, debido a que ese tipo de mensajes podría generar tensiones sociales en un clima ya marcado por la confrontación política.
En paralelo, resaltaron que la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) resultará crucial. Se espera que conserve principios de autonomía, claridad y puntualidad en cada fase del procedimiento para garantizar la pulcritud en la gestión electoral.
Autonomía en la supervisión de comicios
Las entidades estimaron que la supervisión tanto nacional como internacional tiene la capacidad de jugar un rol crucial en el afianzamiento de la validez del procedimiento. Hicieron referencia a delegaciones como las de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, cuyas valoraciones pueden aportar al robustecimiento de la rendición de cuentas institucional.
Este apoyo, indicaron, fortalecería la noción de imparcialidad en periodos de creciente contienda política y cuando los ciudadanos exigen seguridad en la pureza del sufragio. La participación de veedores nacionales también se destacó como un elemento valioso para aproximar la supervisión electoral a las localidades y potenciar la intervención ciudadana.
Diálogo global y obligaciones regionales
En la comunicación enviada a Estados Unidos, las entidades pidieron un respaldo «constructivo» que se coordine con los gobiernos locales, los partidos políticos y la ciudadanía. Explicaron que la finalidad es salvaguardar la transparencia y la legitimidad del procedimiento, conforme a los postulados de la Carta Democrática Interamericana.
Afirmaron que un acompañamiento respetuoso a los estándares democráticos puede contribuir a que las elecciones de 2025 reflejen la expresión del electorado hondureño en un entorno político complejo. La interlocución internacional, añadieron, puede convertirse en un mecanismo que incentive el cumplimiento de responsabilidades institucionales y reduzca los incentivos para prácticas que erosionen la confianza pública.
La declaración conjunta concluyó con la firma de representantes de organizaciones con presencia regional y hemisférica, entre ellas Seattle International Foundation (SIF), Hope Border Institute, Latin America Working Group (LAWG), Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN), Alianza Americas, Due Process of Law Foundation (DPLF), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Washington Office on Latin America (WOLA) y Unitarian Universalist Service Committee (UUSC).
El escenario descrito por estas organizaciones expone las tensiones que rodean al proceso electoral de 2025 y subraya la necesidad de que las instituciones hondureñas actúen dentro de los marcos establecidos. La atención nacional e internacional se mantiene sobre factores como la estabilidad política, la actuación de los poderes del Estado y la participación ciudadana, todos elementos que influirán en la percepción de la integridad electoral en un momento clave para la gobernabilidad democrática del país.