A poco más de cuatro meses para las elecciones generales del 30 de noviembre, el gobierno en Honduras se enfrenta a un aumento en la falta de legitimidad ante el público. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que lidera desde 2022, ha estado en el centro de señalamientos por parte de la oposición política, organizaciones empresariales y grupos de la sociedad civil, que acusan posibles manipulaciones en el proceso electoral y un intento por mantener el control en medio de una notable baja en las encuestas.
Disminución en la preferencia electoral y falta de confianza
Las encuestas más recientes, como las realizadas por Pro Encuestas y TResearch, muestran que la campaña presidencial de Rixi Moncada ha tenido una caída constante. Aunque comenzó como la principal candidata, Moncada ha sido sobrepasada en los sondeos por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, ocupando ahora la tercera posición.
Expertos asocian esta baja a una mezcla de motivos: acusaciones de corrupción en el gobierno, divisiones internas en el partido en el poder, bajo desempeño económico y una percepción creciente entre los ciudadanos de falta de transparencia en la administración pública. La disminución del apoyo popular ha coincidido con una intensificación del lenguaje político por parte del Ejecutivo y con indicios de tensión institucional que han activado alertas en varios sectores.
Dudas acerca del procedimiento electoral y supervisión institucional
Un punto principal de controversia es la negativa del gobierno a permitir la verificación manual de los votos, una práctica común en procesos anteriores que funciona como un mecanismo de control para complementar la digitalización de los resultados. La oposición y organizaciones independientes señalan que eliminar esta revisión podría facilitar irregularidades y dificultar auditorías tanto ciudadanas como internacionales.
Además, se ha informado sobre medidas destinadas a obstaculizar la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), crucial para asegurar la transparencia durante el conteo de votos. Las tensiones han aumentado dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) mismo, donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han sido objeto de denuncias sobre presiones e intentos de interferir en sus funciones.
Organizaciones corporativas y voceros de la oposición consideran estas acciones como un intento de fortalecer el dominio institucional sobre el proceso electoral, restringir la vigilancia externa y asegurar que el oficialismo tenga flexibilidad ante una posible derrota electoral.
Denuncias de tendencias ideológicas y ambiente de conflicto
La realización en Tegucigalpa de una sesión del Foro de São Paulo, con la participación de delegaciones de gobiernos de izquierda de la región, reavivó el debate sobre las alianzas internacionales del partido LIBRE. Voces críticas señalaron que estos vínculos con el eje Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar orientados a replicar modelos de gobernabilidad que priorizan la concentración del poder y restringen los espacios de participación democrática.
Al mismo tiempo, críticos como el exlíder del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Eduardo Facussé, han señalado la posible implementación de un “Plan Venezuela”, destinado a crear inestabilidad institucional, protestas provocadas y bloqueos administrativos que compliquen un cambio de gobierno.
De acuerdo con las acusaciones, grupos cercanos al gobierno habrían llevado a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, lo que podría contribuir a minar la confianza en el proceso electoral y aumentar la polarización política en la nación.
Escenario incierto ante una elección decisiva
En Honduras, el escenario político se vuelve más dividido y el gobierno actual va perdiendo apoyo entre la población, lo que conduce a unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, el conflicto institucional y la crítica a las normas del sistema democrático.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, sectores empresariales y líderes políticos han reiterado la necesidad de una observación internacional robusta y de mecanismos de garantía que salvaguarden la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
La situación actual revela no solamente la vulnerabilidad del acuerdo democrático en la nación, sino además el reto que supone dirigir la rivalidad política dentro de límites institucionales estables, en un entorno de creciente desilusión ciudadana y falta de confianza en las instituciones gubernamentales.