La Propuesta de Ley de Justicia Tributaria de Honduras ha suscitado un extenso diálogo en la nación, debido a las potenciales repercusiones que podría ocasionar en la economía y el sector productivo del país. Esta propuesta, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se considera un medio para luchar contra la evasión de impuestos y mejorar la recaudación del estado. No obstante, su contenido y extensión han sido entendidos de formas diversas por los diferentes actores económicos y sociales.
El plan incluye la eliminación de esquemas de exenciones fiscales, un incremento en los impuestos y una mayor facultad para que el Estado gestione los estímulos económicos. Estos cambios han sido percibidos por el sector empresarial como un indicativo negativo para la inversión y la actividad productiva, provocando inquietud y preocupación en el contexto económico de Honduras.
Impacto en la inversión privada y el empleo
Distintas organizaciones empresariales, cámaras de comercio y tanto inversores locales como internacionales han expresado que la ley propuesta podría tener un impacto negativo en la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señala que la ley, en su versión actual, podría disminuir de forma notable los flujos de inversión extranjera directa. Asimismo, compañías de zonas francas y del sector agroindustrial están considerando la opción de salir del país o reducir sus actividades, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía nacional.
Desde que se presentó el esbozo de la normativa, se han informado cierres de negocios pequeños y medianos, particularmente en las áreas de textiles, logística y exportación, que funcionaban bajo beneficios tributarios. En lugares como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han empezado a despedir empleados, mencionando la incertidumbre fiscal como una de las principales razones. Esta condición pone en peligro miles de puestos de trabajo y podría empeorar si el plan no se modifica o se frena. El COHEP también indica que el desarrollo económico podría sufrir una importante desaceleración en el año posterior a la implementación de la ley, y que el incremento del desempleo y la economía informal serían consecuencias inevitables de su instauración.
Contexto regional, político y debate sobre la justicia fiscal
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria se lleva a cabo en un marco regional y político particular. El retiro de incentivos fiscales podría distanciar a Honduras de las estrategias que han permitido a naciones como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana mantener esquemas de atracción de inversiones y equilibrios fiscales, considerados elementos esenciales para su competitividad. Esta situación podría influir en la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a posibles inversionistas como a los ya presentes, quienes podrían optar por mover su capital a países con condiciones más beneficiosas para el desarrollo empresarial.
El entorno político e ideológico ha afectado la perspectiva del proyecto, puesto que ciertos grupos empresariales consideran que el discurso oficial del gobierno es opuesto al sector empresarial y está en sintonía con modelos económicos que han provocado cambios estructurales en otras naciones de la región. Esto aumenta el miedo a una posible remodelación del modelo económico nacional sin un plan técnico o una visión clara de sostenibilidad.
Por otra parte, los partidarios de la Ley de Equidad Tributaria sostienen que las exenciones fiscales han facilitado la concentración de la riqueza, disminuyendo así la capacidad gubernamental para respaldar políticas públicas enfocadas en la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Conforme a cifras oficiales, el 92 % de las exenciones se concentra en el 10 % de las compañías más adineradas, mientras que el 90 % de las compañías restantes solo aprovechan el 8 % de estos beneficios. Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2022, el Estado ha dejado de percibir 455 mil millones de lempiras a consecuencia de estos regímenes.
El proyecto no establece nuevos gravámenes ni aumenta las tarifas actuales, sino que busca eliminar vacíos legales y mejorar la recaudación de impuestos directos de grandes corporaciones y riquezas, con el fin de disminuir la desigualdad en la recaudación fiscal. No obstante, la eliminación de sistemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), que ha estado en vigor por 40 años, podría forzar el cierre de muchas empresas que funcionan bajo este marco. El COHEP ha indicado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser percibida como una acción que impacta la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras se enfrenta a un enorme reto financiero
El debate acerca de la Ley de Justicia Tributaria sigue siendo un tema de división. Hay quienes piensan que podría establecer un sistema impositivo más justo e igualitario, mientras que otros alertan que su implementación podría empeorar la crisis económica, incrementar el desempleo y causar una fuga de capitales. La votación definitiva en el Congreso Nacional será clave para el futuro económico de Honduras en los años venideros.