Periodistas hondureños denuncian ataques de odio desde sectores oficiales

Periodistas hondureños denuncian ataques de odio desde sectores oficiales

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) hizo una denuncia pública sobre una campaña continua de estigmatización y amenazas hacia periodistas en la nación, señalando que sectores del gobierno y el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) son los impulsores. La agrupación profesional afirma que estos ataques sistemáticos ponen en riesgo la libertad de expresión y el trabajo periodístico, y han llevado la situación a foros internacionales para advertir sobre el debilitamiento de las garantías democráticas.

Según el pronunciamiento del CPH, las agresiones adoptan diversas formas: desde la intimidación y los insultos en redes sociales hasta procesos judiciales iniciados por instituciones del Estado. El gremio señala que funcionarios públicos y activistas digitales vinculados al oficialismo han promovido una narrativa de descrédito contra medios y periodistas críticos. Esta dinámica, de acuerdo con la denuncia, incluye intentos de forzar la entrega de fuentes informativas, elemento que, en el contexto hondureño, es considerado una violación directa al secreto profesional protegido por estándares internacionales.

Entre los casos más recientes, se documentan demandas iniciadas por las Fuerzas Armadas y otras entidades estatales, que según el gremio, apuntan a frenar investigaciones sobre posibles actos de corrupción o abusos institucionales. A ello se suma un aumento sostenido de campañas de desprestigio por parte de cuentas anónimas o falsas, a menudo identificadas como “tropas digitales” afines al oficialismo, que difunden mensajes ofensivos y revelan públicamente los rostros de periodistas.

Escalada en el discurso oficial y tensión preelectoral

Uno de los elementos que más preocupación ha generado es la creciente hostilidad desde el Congreso Nacional. En particular, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, ha emitido recientemente declaraciones dirigidas contra la prensa, en un tono que el gremio interpreta como parte de la estrategia de deslegitimación. Estos discursos ocurren en un contexto de creciente tensión política, de cara a las elecciones generales programadas para noviembre, donde la confrontación entre el oficialismo y la oposición se ha intensificado.

El uso de plataformas institucionales para difundir mensajes hostiles hacia la prensa refuerza un ambiente de presión que, según el CPH, ha generado efectos como la autocensura y el retraimiento de voces críticas en los medios. Esta dinámica, enmarcada en una coyuntura electoral, ha sido leída por actores del gremio como una señal de que el periodismo independiente enfrenta un cerco institucional y digital sin precedentes desde el retorno a la democracia.

Preocupación internacional y llamados al cese de la intimidación

Diversas organizaciones internacionales han manifestado su alarma ante la situación. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras y ARTICLE 19 han emitido comunicados denunciando lo que califican como un retroceso en las garantías para el ejercicio libre del periodismo en Honduras. Los organismos coinciden en que las acciones denunciadas configuran un ambiente de vulnerabilidad que atenta contra derechos fundamentales y contra el papel del periodismo en la vigilancia del poder público.

Estos actores, junto al CPH y organizaciones nacionales, han llamado al Gobierno a garantizar la protección efectiva de los periodistas, así como a cesar de inmediato toda forma de intimidación, directa o indirecta. Insisten en que la libertad de prensa no solo es un derecho individual, sino una condición esencial para el funcionamiento democrático.

La denuncia del Colegio de Periodistas de Honduras se enmarca en un momento de fuerte polarización política y creciente desconfianza entre instituciones y sectores sociales. A pocos meses de las elecciones, el señalamiento sobre una campaña sistemática de hostigamiento contra la prensa pone en evidencia tensiones estructurales en torno a la libertad de expresión, el uso del aparato estatal y la calidad del debate democrático en el país.