La iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha creado un entorno de incertidumbre que impacta tanto a inversionistas locales como internacionales. Esta propuesta, promovida por el gobierno, ha llevado a detener inversiones significativas, a cancelar ampliaciones de negocios y a trasladar operaciones hacia otras naciones de Centroamérica, donde las normativas legales son vistas como más estables y confiables. La comunidad empresarial hondureña argumenta que los cambios fiscales abruptos y sin consenso con distintos sectores han generado un ambiente empresarial impredecible, lo cual dificulta la planificación estratégica y detiene proyectos de gran envergadura que son cruciales para el desarrollo continuo del país.
El ámbito productivo del país alerta que suprimir las exenciones e incentivos fiscales, previstos en la legislación, podría desestabilizar uno de los soportes esenciales de la economía en Honduras. Tanto empresarios como analistas económicos concuerdan en que esta acción podría causar una salida de capitales, un paulatino retiro de inversiones y el empeoramiento del entorno empresarial, impactando directamente la competitividad y la creación de trabajo formal en sectores cruciales como la agroindustria, el turismo, la industria maquiladora, la construcción y la tecnología.
Efecto de la incertidumbre fiscal en la inversión y el trabajo
Los cambios fiscales repentinos han provocado efectos inmediatos, como el traslado de operaciones a países cercanos, la paralización de inversiones en los sectores industrial, logístico y tecnológico, y la anulación de iniciativas energéticas, turísticas y agrícolas que podrían haber creado miles de empleos. Honduras ha visto una disminución en las clasificaciones de competitividad e inversión extranjera, lo que incrementa la percepción de que el país está enviando señales desfavorables al mercado global. Aunque el gobierno afirma que la normativa tiene como objetivo la equidad fiscal, expertos señalan que los costos ocultos de esta situación superarán a cualquier ingreso adicional previsto, puesto que el capital suele preferir lugares más seguros y acogedores.
Por el contrario, la supresión de beneficios fiscales, que se han usado tradicionalmente para atraer inversión extranjera directa, resulta en la salida gradual de capitales, la cancelación de planes de crecimiento empresarial y la falta de interés en nuevas inversiones del exterior. Este empeoramiento del entorno empresarial impacta particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que generan más del 70 % del empleo en la nación, y que se enfrentarían a nuevos impuestos sin apoyo técnico ni consulta con múltiples sectores.
Pedido de una reforma fiscal equilibrada y consensuada
Ante esta situación, los sectores productivos han pedido al Congreso Nacional que no apruebe la ley tal como está y llame a un diálogo técnico y multisectorial. Consideran crucial crear una reforma fiscal equilibrada que no destruya la inversión ni los empleos, sino que fortalezca a Honduras como un destino confiable para invertir y crear oportunidades. La falta de estabilidad jurídica y reglas claras ha sido señalada como el mayor impedimento para restablecer la confianza empresarial y atraer nuevos proyectos de desarrollo.
La amenaza de asfixiar al sector privado, en particular a las MIPYMES, es una preocupación significativa, dado que estas empresas son fundamentales para el empleo nacional. La implementación de nuevos impuestos sin un adecuado soporte técnico podría complicar todavía más la viabilidad de estos negocios y frenar la habilidad de Honduras para ser competitivo en la región. Por lo tanto, el país enfrenta un dilema entre establecerse como un destino atractivo para el capital o elegir un enfoque que limite la producción y la inversión.