El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha provocado un acalorado intercambio de opiniones entre el sector privado, asociaciones empresariales y las autoridades del gobierno. La iniciativa de modificación fiscal, promovida por la administración actual, ha sido vista por los voceros empresariales como un riesgo evidente para la estabilidad del empleo y la continuidad de múltiples empresas en el país. La principal inquietud se centra en la eliminación de los estímulos fiscales que han sido esenciales para el desarrollo de sectores como la maquila, la agroexportación, el turismo y la construcción, lo cual, según los empresarios, podría llevar a una ola de cierres y despidos masivos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.
El efecto esperado de la reforma no solo abarca el sector empresarial, sino que también se extiende a la economía de las familias y al entramado social de Honduras. Expertos y dirigentes de gremios alertan que la disminución de la actividad económica, junto con la salida de compañías, podría resultar en un incremento del desempleo estructural, un aumento de la informalidad, migración obligada y un colapso en el consumo interno. Esta situación se complica ante la coyuntura actual del país, donde más de un millón de personas buscan un trabajo honroso y la informalidad laboral impacta a una parte considerable de la población.
Consecuencias de suprimir beneficios tributarios y la amenaza al trabajo
La normativa de Equidad Fiscal incluye la remoción de esquemas de deducciones y beneficios tributarios, impactando a más de una decena de sectores económicos, tales como parques libres, turismo, energía alternativa y producción manufacturera. De acuerdo con cifras del ámbito empresarial, actualmente más de 400.000 trabajos directos y más de un millón de trabajos indirectos dependen de estos esquemas, especialmente en la cadena de abastecimiento y exportaciones agrícolas e industriales. La eliminación de estos estímulos podría causar el cierre de fábricas, talleres, comercios y propiedades tanto en áreas urbanas como rurales, dejando sin trabajo formal a miles de ciudadanos hondureños y elevando la presión sobre el mercado laboral informal.
El análisis del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) señala que la reforma fiscal impactaría negativamente en sectores como el turismo, la manufactura y la agroindustria. Por ejemplo, en la industria manufacturera se estima que estarían en riesgo 40.000 empleos y más de 733 millones de dólares en exportaciones, mientras que en el turismo, la afectación podría representar la pérdida de miles de empleos directos e indirectos y una disminución significativa en la inversión y salarios. Además, el aumento de los costos operativos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, haría insostenible su permanencia en el mercado, lo que agravaría la situación de desempleo y subempleo en el país.
Implicaciones sociales y opciones distintas del ámbito privado
La influencia social de la modificación se anticipa como inalterable, con el peligro de incrementar la miseria, el éxodo forzado y la falta de confianza tanto a nivel nacional como internacional. La expansión del sector informal y la disminución de empleos con seguridad social pueden empeorar las condiciones de vida y la recaudación tributaria, impactando a toda la sociedad hondureña. La inquietud de los emprendedores se extiende al efecto de cadena sobre la estabilidad social, alertando que la eliminación de trabajos podría empobrecer aún más al país.
Frente a esta situación, el sector privado ha planteado opciones, como bajar el Impuesto sobre Ventas (ISV) del 15 % al 12 %, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de los hondureños, reactivar la economía y fomentar la creación de empleo. Asimismo, proponen que en vez de suprimir los incentivos para todos los sectores, se lleven a cabo inspecciones y auditorías a las empresas con exenciones fiscales que tengan irregularidades, utilizando las facultades que la legislación actual ya permite. El sector empresarial recalca la importancia de mantener un diálogo y consulta con todos los actores productivos antes de aprobar una reforma que podría tener efectos irreversibles en el desarrollo económico y social del país.
El debate sobre la Ley de Justicia Tributaria continúa siendo intenso, con llamados urgentes al Congreso Nacional para revisar a fondo el contenido de la ley y evitar decisiones que puedan profundizar los problemas estructurales de Honduras, como el desempleo, la pobreza y la migración.