El General de División Roosevelt Hernández, quien lidera el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha provocado un acalorado debate en el ámbito político y social del país. Designado en diciembre de 2023, su administración y comentarios han originado severas críticas que lo relacionan con una politización dentro de la institución militar y ponen en duda la independencia de los poderes del Estado.
Un soldado con amplia experiencia y educación
Nacido en Choluteca en 1968, Roosevelt Hernández es hijo de una familia con una extensa tradición en las Fuerzas Armadas de Honduras. Su carrera se ha caracterizado por una sólida formación en ciencias militares y administración de empresas, lo que lo ha colocado como uno de los militares de mayor rango en el país. Desde su nombramiento como jefe del Estado Mayor Conjunto el 11 de diciembre de 2023, ha tenido un rol destacado en las decisiones estratégicas dentro de las Fuerzas Armadas.
Declaraciones y reacciones en el centro de la controversia
Uno de los eventos más controvertidos de su trayectoria ocurrió en una entrevista el 20 de junio de 2025, cuando dijo que las Fuerzas Armadas «son una herramienta del poder político». Esta declaración provocó una ola de críticas y acusaciones en su contra, especialmente por contradecir el Artículo 272 de la Constitución de Honduras, que dicta que las Fuerzas Armadas deben ser «apolíticas, obedientes y no deliberantes». De acuerdo con varios sectores de la oposición y grupos de la sociedad civil, esta declaración evidencia un alineamiento peligroso de los militares con el poder ejecutivo, debilitando la imparcialidad que se espera de las fuerzas armadas en un sistema democrático.
Enfrentamientos con instituciones y medios de comunicación
El general Hernández ha estado envuelto en varias disputas públicas. En marzo de 2025, tuvo un enfrentamiento con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cossette López, a quien acusó de calumniar a las fuerzas armadas, causando así una pausa en una sesión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Asimismo, su actitud hacia los medios de comunicación ha generado polémica, pues en junio de 2025 fue acusado de amedrentar a periodistas y fomentar demandas legales por difamación contra medios que cubrían su administración. La respuesta del general a estas críticas ha exacerbado las preocupaciones respecto a la libertad de prensa en la nación, un asunto particularmente delicado en una situación donde la autonomía mediática es esencial para el robustecimiento de la democracia.
Opiniones y respuestas de la comunidad
La conducta de Hernández ha suscitado una inquietud cada vez mayor entre diferentes grupos de la sociedad en Honduras. Activistas de derechos humanos y líderes políticos opositores han solicitado su remoción, acusándolo de estar involucrado en un plan para «politizar» a las Fuerzas Armadas en favor del poder ejecutivo. En particular, se ha cuestionado su participación en reuniones del CNE, organismo que debería operar sin la influencia militar, así como su supuesta complicidad en los atrasos en la distribución de insumos electorales durante las elecciones primarias de 2025. Estas acciones, según sus críticos, erosionan la confianza en la imparcialidad de las instituciones estatales y podrían poner en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
Dificultades y división dentro de las Fuerzas Armadas
A pesar de las protestas y las solicitudes de su destitución, Hernández continúa en el puesto, argumentando que las Fuerzas Armadas operan conforme a la ley y están preparadas para desafiar legalmente a quienes los critican. No obstante, su continuidad al mando de la institución refleja una creciente división en la nación sobre el rol de los militares en la política.
Algunas personas lo consideran un protector de la institución y el orden, mientras que otras interpretan sus acciones como un indicio de la creciente influencia política en las Fuerzas Armadas. Esta situación destaca los desafíos institucionales a los que se enfrenta Honduras para asegurar que sus fuerzas armadas no sean vistas como subordinadas al poder político, sino como un pilar esencial para la estabilidad del país.